A- de 2021

Conflicto de jurisdicción entre el Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bogotá y el Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena Belalcázar Paéz.

La controversia entre las autoridades involucradas tuvo su origen en una investigación penal adelantada en contra de un menor de edad que presuntamente abusó sexualmente de su prima, también una menor de 14 años.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Corte concluyó que la autoridad que debe conocer el proceso mencionado es el Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bogotá, a donde se ordenó enviar el expediente para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena Belalcázar Paéz.

La anterior decisión se adoptó porque, no se acreditaron los criterios territorial, objetivo e institucional para activar la Jurisdicción Especial Indígena, en tanto los hechos tuvieron lugar por fuera del ámbito de competencia y no existieron elementos que permitieran dar una aplicación extensiva al concepto de territorio por conexidad cultural.

Se precisó que, ante el elevado grado de nocividad social de la conducta imputada (delito sexual contra menor de edad), la autoridad indígena no demostró la existencia de una capacidad institucional atinente a garantizar los derechos del procesado y la víctima.

En relación con este último aspecto, la Sala entendió que la demostración mínima de la capacidad institucional corresponde a las autoridades de las comunidades indígenas, pues ello implica una expresión de su autonomía.

No obstante lo anterior, concluyó que este postulado no puede interpretarse, en medida alguna, en contra de su autonomía ni en oposición al respeto a la diversidad étnica y cultural.